A partir de ahora estoy en
miércoles 30 de septiembre de 2009
domingo 20 de septiembre de 2009
Los macguffin de Esperanza Aguirre
Esta semana, que ya se termina, en la Comunidad de Madrid, se ha celebrado el debate del estado de la comunidad. Un debate que se anunciaba muy animado, vistos los acontecimientos de este último curso: la crisis económica que ha golpeado fuerte a toda España y también a Madrid, los casos de corrupción del gobierno autonómico, los malos resultados de la educación, etc. Pero que, sin embargo, Aguirre ha conseguido que no lo fuera ya que una meliflua oposición no ha podido hacerle mella, al ser incapaz de centrar el debate en el enjuicimiento de sus actos de gobierno del último año.
Empezando por el gasto público corriente de la administración autonómica que, según ella, se ha recortado con la eliminación de consejerías, la reducción de salarios y la disminución de altos cargos. Es cierto que se han quitado consejerías y algún alto cargo coincidiendo con sus problemas de gobierno y que quizás la anunciada reducción de sus salarios haya sido efectiva. Sin embargo, también es cierto que la comunidad está atestada de asesores y colaboradores muy caros cuyos méritos son su proximidad al partido que dirige esta autonomía y que hay un enorme derroche de gasto en las decenas de organismos y empresas paralelas a la administración autonómica, que la mayoría de las veces duplican funciones del organigrama oficial, pero que son muy útiles para colocar a esos meritorios y en algunos casos para hacer gastos que no se consolidan en el presupuesto oficial. Un presupuesto que no se olvide tiene que afrontar una deuda acumulada de 12.000 millones de euros, que exigirán algo más que simples arreglos.
Continuando por su anuncio estrella: el próximo envío a la Cámara regional de un proyecto de Ley para reconocer la condición de autoridad pública al profesor. Laudable medida, sin duda, si permite que el debate público nos lleve a una regulación efectiva de esa condición para todos los profesores cualquiera que sea el centro donde enseñen –como hace la propuesta de UPyD presentada en el Congreso en mayo de 2008-, ya que entonces todos los profesores de España, también los profesores de los centros concertados y privados, estarán amparados en el ejercicio de su función pública docente y no sólo los de los centros públicos de Madrid, como resulta de lo comunicado por la presidenta. Claro que, junto a esta nueva, se ha echado en falta que explicará por qué el abandono temprano escolar es mayor en Madrid que la media nacional y por qué los resultados de las pruebas de control de los niveles de los alumnos son tan desastrosos en general y evidentemente qué medidas se piensan tomar para solucionar estos graves problemas.
Siguiendo con otra de las medidas: la modificación de la Ley del suelo, para dar mayor transparencia a los procedimientos de recalificación y urbanización de los terrenos, no se puede dejar de decir que es una medida que no afronta el problema directamente: la reforma del modelo de urbanismo de la comunidad y la necesidad de que el órgano administrativo que tome esas decisiones no lo integren los vecinos de los afectados, para evitar presiones. Y que es corta ya que lo más necesario es extender la transparencia a la contratación administrativa, para evitar que, por ejemplo, se fraccionen contratos para poder adjudicarlos a dedo a los amigos de turno.
Empezando por el gasto público corriente de la administración autonómica que, según ella, se ha recortado con la eliminación de consejerías, la reducción de salarios y la disminución de altos cargos. Es cierto que se han quitado consejerías y algún alto cargo coincidiendo con sus problemas de gobierno y que quizás la anunciada reducción de sus salarios haya sido efectiva. Sin embargo, también es cierto que la comunidad está atestada de asesores y colaboradores muy caros cuyos méritos son su proximidad al partido que dirige esta autonomía y que hay un enorme derroche de gasto en las decenas de organismos y empresas paralelas a la administración autonómica, que la mayoría de las veces duplican funciones del organigrama oficial, pero que son muy útiles para colocar a esos meritorios y en algunos casos para hacer gastos que no se consolidan en el presupuesto oficial. Un presupuesto que no se olvide tiene que afrontar una deuda acumulada de 12.000 millones de euros, que exigirán algo más que simples arreglos.
Continuando por su anuncio estrella: el próximo envío a la Cámara regional de un proyecto de Ley para reconocer la condición de autoridad pública al profesor. Laudable medida, sin duda, si permite que el debate público nos lleve a una regulación efectiva de esa condición para todos los profesores cualquiera que sea el centro donde enseñen –como hace la propuesta de UPyD presentada en el Congreso en mayo de 2008-, ya que entonces todos los profesores de España, también los profesores de los centros concertados y privados, estarán amparados en el ejercicio de su función pública docente y no sólo los de los centros públicos de Madrid, como resulta de lo comunicado por la presidenta. Claro que, junto a esta nueva, se ha echado en falta que explicará por qué el abandono temprano escolar es mayor en Madrid que la media nacional y por qué los resultados de las pruebas de control de los niveles de los alumnos son tan desastrosos en general y evidentemente qué medidas se piensan tomar para solucionar estos graves problemas.
Siguiendo con otra de las medidas: la modificación de la Ley del suelo, para dar mayor transparencia a los procedimientos de recalificación y urbanización de los terrenos, no se puede dejar de decir que es una medida que no afronta el problema directamente: la reforma del modelo de urbanismo de la comunidad y la necesidad de que el órgano administrativo que tome esas decisiones no lo integren los vecinos de los afectados, para evitar presiones. Y que es corta ya que lo más necesario es extender la transparencia a la contratación administrativa, para evitar que, por ejemplo, se fraccionen contratos para poder adjudicarlos a dedo a los amigos de turno.
Estas propuestas han conseguido su objetivo: que pareciera que había medidas contra la crisis, para mejorar la educación y para afrontar la escandalosa corrupción, al tiempo que se presenta como oposición al gobierno de la nación. Pero en el fondo son inconsistentes anuncios que no van al fondo de los problemas que pretenden resolver, como se ha explicado. Son como macguffis que nos han distraído de la trama principal. La que permitirá a Aguirre seguir diciendo que su gestión es liberal mientras trabaja para controlar Caja Madrid y abandona las necesarias reformas que exigen retos tan importantes como la implantación de una autentica formación para los desempleados (una competencia autonómica que puede ayudar a salir de la crisis y de la que no se ha dicho una palabra), la mejora radical de la educación, de la eficiencia del sistema sanitario, la realización de las reformas institucionales necesarias para impedir la corrupción y una reducción del gasto mediante la eliminación de una seudoadministración paralela muy cara y atesta de duplicidades. Y es que lo que necesitamos es menos ideología, menos propaganda y más hechos.
martes 8 de septiembre de 2009
El conocimiento inútil
El conocimiento inútil es el titulo de un libro de Jean-François Revel, periodista y ensayista francés, defensor de la libertad y pensador de la democracia, publicado en el año 1988. En este libro reflexiona sobre la necesidad del conocimiento para que una democracia pueda funcionar bien. En su inicio, escribe que “este régimen, basado en la determinación de las grandes opciones por la mayoría, se condena a si mismo a muerte si los ciudadanos que efectúan tales opciones se pronuncian casi todos en la ignorancia de las realidades, la obcecación de una pasión o la ilusión de una impresión pasajera”. O sea, para que funcione correctamente es necesario que la información pretenda ser verdadera y que no se utilice como un instrumento para engañar, adoctrinar o tergiversar la realidad.
La democracia no puede prescindir de la información, que nos llega por diversos medios. Uno de los principales es la prensa, pero, como vuelve a señalar Revel, “junto a la prensa, la enseñanza, no es después de todo, más que otro aspecto de la información”. La enseñanza debe cumplir la misión básica de transmitir los conocimientos necesarios para que los jóvenes puedan elaborar sus propios juicios con independencia y responsabilidad. Pero el sistema educativo puede preferir que los profesores opten por adoctrinar en lugar de por enseñar, con el consiguiente desistimiento del juicio crítico. Así en los regimenes totalitarios se renunció a la transmisión de conocimientos para poder adoctrinar mejor a los jóvenes y de esa forma no cuestionar la ideología que los rige. Pero esta misma falta de respeto por el conocimiento de la realidad se observa, aunque sea en otro grado, en las democracias. Sobran ejemplos en España, tanto en la información (véase lo que nos cuentan de la crisis económica), como en la enseñanza, en la que hasta la lengua se utiliza al servicio de la ideología, en lugar de cómo instrumento de comunicación de conocimientos.
Revel en este libro, en 1988, en relación con el sistema educativo francés, escribió que hay “una opción deliberada, según la cual la escuela no debe tener por función transmitir conocimientos (….) La escuela debe dejar de transmitir conocimientos para convertirse en una especie de falansterio de convivencia, de lugar de vida donde se despliega la apertura al prójimo y al mundo. Se trata de abolir el criterio considerado reaccionario de la competencia. El alumno no debe aprender nada y el profesor puede ignorar lo que enseña.” Esta concepción de la escuela es la misma que impera en nuestro país. Donde se ha sustituido al profesor como autoridad con capacidad para transmitir conocimientos por un simple cuidador, cuyos conocimientos apenas importan.
Los resultados de estas prácticas han tenido y tienen consecuencias. Malas consecuencias. Dice Revel que “(….) este sistema pedagógico aniquila la gran función histórica de la escuela, su verdadera vocación democrática, que es corregir las desigualdades sociales con las desigualdades de éxito en los estudios. La ideología que la anima postula la igualdad y la identidad de todos los seres humanos. Sólo las desigualdades sociales explicarían las desigualdades de éxito en los estudios. Como la experiencia no confirma ese postulado, hay que obligarla a que lo haga, organizando el fracaso generalizado, que hace el oficio de purgatorio que permite alcanzar el nirvana de la igualdad intelectual total. Este postulado anticientífico engendra, de hecho, la escuela más reaccionaria que existe.” Y en nuestro país, en concreto, una generación peor preparada que la anterior, alejada de nuestros vecinos europeos.
Si queremos cambiar esta situación para que la escuela recupere su condición de instrumento de perfeccionamiento de la sociedad y de correctora de las desigualdades, hay que garantizar que el profesor puede cumplir con su papel de transmisor de conocimientos, lo que exige que sea seleccionado entre los mejores de su campo y que se le otorgue los medios necesarios para que pueda transmitirlos en clase. Esto es, que se le reconozca legal y socialmente autoritas.
La democracia no puede prescindir de la información, que nos llega por diversos medios. Uno de los principales es la prensa, pero, como vuelve a señalar Revel, “junto a la prensa, la enseñanza, no es después de todo, más que otro aspecto de la información”. La enseñanza debe cumplir la misión básica de transmitir los conocimientos necesarios para que los jóvenes puedan elaborar sus propios juicios con independencia y responsabilidad. Pero el sistema educativo puede preferir que los profesores opten por adoctrinar en lugar de por enseñar, con el consiguiente desistimiento del juicio crítico. Así en los regimenes totalitarios se renunció a la transmisión de conocimientos para poder adoctrinar mejor a los jóvenes y de esa forma no cuestionar la ideología que los rige. Pero esta misma falta de respeto por el conocimiento de la realidad se observa, aunque sea en otro grado, en las democracias. Sobran ejemplos en España, tanto en la información (véase lo que nos cuentan de la crisis económica), como en la enseñanza, en la que hasta la lengua se utiliza al servicio de la ideología, en lugar de cómo instrumento de comunicación de conocimientos.
Revel en este libro, en 1988, en relación con el sistema educativo francés, escribió que hay “una opción deliberada, según la cual la escuela no debe tener por función transmitir conocimientos (….) La escuela debe dejar de transmitir conocimientos para convertirse en una especie de falansterio de convivencia, de lugar de vida donde se despliega la apertura al prójimo y al mundo. Se trata de abolir el criterio considerado reaccionario de la competencia. El alumno no debe aprender nada y el profesor puede ignorar lo que enseña.” Esta concepción de la escuela es la misma que impera en nuestro país. Donde se ha sustituido al profesor como autoridad con capacidad para transmitir conocimientos por un simple cuidador, cuyos conocimientos apenas importan.
Los resultados de estas prácticas han tenido y tienen consecuencias. Malas consecuencias. Dice Revel que “(….) este sistema pedagógico aniquila la gran función histórica de la escuela, su verdadera vocación democrática, que es corregir las desigualdades sociales con las desigualdades de éxito en los estudios. La ideología que la anima postula la igualdad y la identidad de todos los seres humanos. Sólo las desigualdades sociales explicarían las desigualdades de éxito en los estudios. Como la experiencia no confirma ese postulado, hay que obligarla a que lo haga, organizando el fracaso generalizado, que hace el oficio de purgatorio que permite alcanzar el nirvana de la igualdad intelectual total. Este postulado anticientífico engendra, de hecho, la escuela más reaccionaria que existe.” Y en nuestro país, en concreto, una generación peor preparada que la anterior, alejada de nuestros vecinos europeos.
Si queremos cambiar esta situación para que la escuela recupere su condición de instrumento de perfeccionamiento de la sociedad y de correctora de las desigualdades, hay que garantizar que el profesor puede cumplir con su papel de transmisor de conocimientos, lo que exige que sea seleccionado entre los mejores de su campo y que se le otorgue los medios necesarios para que pueda transmitirlos en clase. Esto es, que se le reconozca legal y socialmente autoritas.
Nota: UPyD propuso en mayo del año pasado una Ley Orgánica para reconocer al profesor su condición de autoridad en el ejercicio de sus funciones, confiemos que se pueda debatir pronto, ahora que el PP la ha copiado, y que su aprobación ayude a que sea posible la clase como lugar de transmisión de conocimientos.
lunes 7 de septiembre de 2009
Violencia en Pozuelo
Ayer en Pozuelo, se vivió una situación de violencia extrema contra la policía a altas horas de la noche protagonizada mayoritariamente por menores de edad que habían estado bebiendo mientras hacían un botellón. Esto ha ocurrido en uno de los lugares con el nivel más alto de vida de España y, se supone que también, con más alto nivel educativo, al menos por parte de los progenitores de esos violentos adolescentes.
La conducta de estos jóvenes muestra un manifiesto desprecio a las normas de convivencia de todos y la voluntad de anteponer su interés egoísta de continuar bebiendo a la necesidad de finalizar a una hora razonable la fiesta, para respetar el descanso de los vecinos y poder limpiar. Pero además a este comportamiento, que a veces acompaña a una incipiente juventud, hay que sumar su agresividad contra las fuerzas y cuerpos de seguridad y el que sus actos vandálicos los vean como un elemento más de diversión. Una diversión obtenida de su confusión en una masa enajenada, que no es consciente de las graves consecuencias que pueden tener la suma de actos individuales que la definen.
Estos hechos se pueden relacionar con otros que pasan en El País Vasco y en Cataluña, aunque allí sea bajo la excusa del nacionalismo, y ponen de manifiesto que algo grave esta ocurriendo en España – aunque quizás no sólo aquí-. No es fácil encontrar la causa directa, pero sin duda habrá que buscarla entre la falta de respeto a las leyes -éstas se aplican según mejor convenga a quien tiene el poder-, la falta de existencia de una responsabilidad individual derivada de las consecuencias de esos actos, la falta de conciencia de que no todo es diversión y la facilidad con que ésta se identifica con la borrachera y una soez jarana.
Sin duda, aunque no estén perfectamente identificadas las causas, muchas de las antes mencionadas tienen que ver con nuestro débil sistema educativo y con una sociedad que no valora el respeto a la Ley. Algo tendremos que hacer para cambiar.
La conducta de estos jóvenes muestra un manifiesto desprecio a las normas de convivencia de todos y la voluntad de anteponer su interés egoísta de continuar bebiendo a la necesidad de finalizar a una hora razonable la fiesta, para respetar el descanso de los vecinos y poder limpiar. Pero además a este comportamiento, que a veces acompaña a una incipiente juventud, hay que sumar su agresividad contra las fuerzas y cuerpos de seguridad y el que sus actos vandálicos los vean como un elemento más de diversión. Una diversión obtenida de su confusión en una masa enajenada, que no es consciente de las graves consecuencias que pueden tener la suma de actos individuales que la definen.
Estos hechos se pueden relacionar con otros que pasan en El País Vasco y en Cataluña, aunque allí sea bajo la excusa del nacionalismo, y ponen de manifiesto que algo grave esta ocurriendo en España – aunque quizás no sólo aquí-. No es fácil encontrar la causa directa, pero sin duda habrá que buscarla entre la falta de respeto a las leyes -éstas se aplican según mejor convenga a quien tiene el poder-, la falta de existencia de una responsabilidad individual derivada de las consecuencias de esos actos, la falta de conciencia de que no todo es diversión y la facilidad con que ésta se identifica con la borrachera y una soez jarana.
Sin duda, aunque no estén perfectamente identificadas las causas, muchas de las antes mencionadas tienen que ver con nuestro débil sistema educativo y con una sociedad que no valora el respeto a la Ley. Algo tendremos que hacer para cambiar.
martes 21 de julio de 2009
Si quieres que te vacunen, corre
Se extiende por todos los países, la gripe A, y afecta a todos los grupos de población. En el mundo ha habido más de 700 fallecimientos y miles de internamientos. En España ya hay varias decenas de personas internadas en los servicios de cuidados intensivos de los hospitales y se han ocasionado varios fallecimientos, alguno de personas no incluidas en los grupos de riesgo. Esto está sucediendo en verano. Para el invierno nos auguran un escenario mucho peor, porque el virus será más virulento.
Para hacer frente a esta pandemia, en los países de nuestro entorno, como el Reino Unido y Francia, se están preparando, previendo vacunaciones masivas. Cuentan las informaciones que Francia ha comprado 94 millones de dosis de vacunas y que el Reino Unido, por ahora, va a comprar 60 millones de dosis. Así, a dos dosis por persona –la medida precisa para ser inmunizado-, estos países cubrirán a más del 60% de su población.
Mientras tanto España ha encargado solo 37 millones de dosis, casi 10 millones menos que nuestra población –según el INE un poco más de 46 millones y medio de habitantes-, y no se pretende vacunar mas que a un 40%. Que viene a ser un porcentaje un pelín superior al que representa lo que los expertos llaman población de riesgo. Ahora bien, si se quisiera obtener una inmunidad casi completa, según José María Matín Moreno, catedrático de medicina preventiva y asesor de la OMS (Organización Mundial de la Salud), lo ideal sería vacunar al 60% de la población (El País 21 de julio de 2009).
Con estos datos hay que preguntarse ¿qué razón impide, por precaución ante una crisis pandémica sin precedentes, vacunar a un porcentaje en España, al menos similar al de Francia y Gran Bretaña? Porcentaje que garantizaría una menor extensión de la enfermedad y que evitaría dejar a la suerte de haber sido uno de los afortunados en ser vacunado sufrirla o en última instancia poder fallecer. Sólo se nos ocurre una razón: que la vacunación masiva cuesta mucho dinero y se prefiere ahorrar. Pero, si es así, ¿qué Estado es el nuestro que es capaz da dar dinero a mansalva para financiar la última ocurrencia de nuestros dirigentes autonómicos y, sin embargo, regatea con la salud de los ciudadanos?
Y si hay menos vacunas que población, ¿Cuál va a ser el criterio para su aplicación? ¿La amistad con el médico o con la autoridad de turno?, en definitiva el enchufe, o ¿será el sorteo entre los angustiados ciudadanos? Cualquiera que sea el método que se use, secará lo peor de cada uno de nosotros, las posiciones más egoístas. Porque quién va a querer dejar a sus hijos pequeños sin vacunar desde el primer momento. Todos haremos lo que esté en nuestras manos para que ninguno de los nuestros se quede sin vacunar.
Ante esta situación, imagináis qué pensaran sobre el Estado los que no se puedan vacunar. Que nivel de deslegitimación alcanzará. Porque, yendo más lejos nos podemos preguntar: cuando haya el primer muerto por gripe A por falta de vacunas ¿quién asumirá la responsabilidad de esa muerte? ¿La ministra? ¿El Consejero de sanidad correspondiente? ¿Quiénes a diario derrochan, en la Administración autonómica y local, el dinero de todos en bagatelas?
Pero además, a propósito de la tan traída financiación autonómica, ¿qué impediría a la Generalitat, ahora que tiene los bolsillos llenos, vacunar a toda su población mientras otras comunidades más pobres tienen que limitarse a seguir las instrucciones del Ministerio de Sanidad y vacunar sólo a la población de riesgo? De hecho en la actualidad ya hay Comunidades que tienen políticas de vacunación infantil más expansivas que otras.
De nuevo la desigualdad como consecuencia de un Estado de las autonomías que se ha desarrollado al albur de las necesidades del apoyo parlamentario del partido de turno en el gobierno. Una desigualdad que en este caso va directa al núcleo más duro de los derechos fundamentales: la salud y la vida.
Pero qué podemos pedir de un país que, cuando se detectó la gripe aviar, no decidió que estratégicamente era necesario tener laboratorios que pudieran producir vacunas, para obtener autonomía y seguridad médico-sanitaria. Ya que el debate obsesivo versaba entonces sobre nuestra condición de nación o de nación de naciones. En definitiva, estamos a expensas de las que se producen en otros países y de las prioridades que ellos tengan para garantizar la salud de sus poblaciones –al menos hasta que los laboratorios que por fin han decidido crear funcionen.- Confiemos que la suerte nos acompañe y que la gripe tenga a bien retrasarse en España hasta que nuestras 17 autonomías y el gobierno central tomen las medidas adecuadas. Así sea.
Para hacer frente a esta pandemia, en los países de nuestro entorno, como el Reino Unido y Francia, se están preparando, previendo vacunaciones masivas. Cuentan las informaciones que Francia ha comprado 94 millones de dosis de vacunas y que el Reino Unido, por ahora, va a comprar 60 millones de dosis. Así, a dos dosis por persona –la medida precisa para ser inmunizado-, estos países cubrirán a más del 60% de su población.
Mientras tanto España ha encargado solo 37 millones de dosis, casi 10 millones menos que nuestra población –según el INE un poco más de 46 millones y medio de habitantes-, y no se pretende vacunar mas que a un 40%. Que viene a ser un porcentaje un pelín superior al que representa lo que los expertos llaman población de riesgo. Ahora bien, si se quisiera obtener una inmunidad casi completa, según José María Matín Moreno, catedrático de medicina preventiva y asesor de la OMS (Organización Mundial de la Salud), lo ideal sería vacunar al 60% de la población (El País 21 de julio de 2009).
Con estos datos hay que preguntarse ¿qué razón impide, por precaución ante una crisis pandémica sin precedentes, vacunar a un porcentaje en España, al menos similar al de Francia y Gran Bretaña? Porcentaje que garantizaría una menor extensión de la enfermedad y que evitaría dejar a la suerte de haber sido uno de los afortunados en ser vacunado sufrirla o en última instancia poder fallecer. Sólo se nos ocurre una razón: que la vacunación masiva cuesta mucho dinero y se prefiere ahorrar. Pero, si es así, ¿qué Estado es el nuestro que es capaz da dar dinero a mansalva para financiar la última ocurrencia de nuestros dirigentes autonómicos y, sin embargo, regatea con la salud de los ciudadanos?
Y si hay menos vacunas que población, ¿Cuál va a ser el criterio para su aplicación? ¿La amistad con el médico o con la autoridad de turno?, en definitiva el enchufe, o ¿será el sorteo entre los angustiados ciudadanos? Cualquiera que sea el método que se use, secará lo peor de cada uno de nosotros, las posiciones más egoístas. Porque quién va a querer dejar a sus hijos pequeños sin vacunar desde el primer momento. Todos haremos lo que esté en nuestras manos para que ninguno de los nuestros se quede sin vacunar.
Ante esta situación, imagináis qué pensaran sobre el Estado los que no se puedan vacunar. Que nivel de deslegitimación alcanzará. Porque, yendo más lejos nos podemos preguntar: cuando haya el primer muerto por gripe A por falta de vacunas ¿quién asumirá la responsabilidad de esa muerte? ¿La ministra? ¿El Consejero de sanidad correspondiente? ¿Quiénes a diario derrochan, en la Administración autonómica y local, el dinero de todos en bagatelas?
Pero además, a propósito de la tan traída financiación autonómica, ¿qué impediría a la Generalitat, ahora que tiene los bolsillos llenos, vacunar a toda su población mientras otras comunidades más pobres tienen que limitarse a seguir las instrucciones del Ministerio de Sanidad y vacunar sólo a la población de riesgo? De hecho en la actualidad ya hay Comunidades que tienen políticas de vacunación infantil más expansivas que otras.
De nuevo la desigualdad como consecuencia de un Estado de las autonomías que se ha desarrollado al albur de las necesidades del apoyo parlamentario del partido de turno en el gobierno. Una desigualdad que en este caso va directa al núcleo más duro de los derechos fundamentales: la salud y la vida.
Pero qué podemos pedir de un país que, cuando se detectó la gripe aviar, no decidió que estratégicamente era necesario tener laboratorios que pudieran producir vacunas, para obtener autonomía y seguridad médico-sanitaria. Ya que el debate obsesivo versaba entonces sobre nuestra condición de nación o de nación de naciones. En definitiva, estamos a expensas de las que se producen en otros países y de las prioridades que ellos tengan para garantizar la salud de sus poblaciones –al menos hasta que los laboratorios que por fin han decidido crear funcionen.- Confiemos que la suerte nos acompañe y que la gripe tenga a bien retrasarse en España hasta que nuestras 17 autonomías y el gobierno central tomen las medidas adecuadas. Así sea.
lunes 20 de julio de 2009
¿Necesita al CIS, la democracia española?
El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) es un organismo autónomo dependiente de la Administración General del Estado que sirve para realizar estudios que contribuyan al conocimiento científico de la sociedad española. Esta labor la debe realizar conforme a los principios de objetividad y neutralidad en su actuación, de igualdad de acceso a sus datos y de respeto a los derechos de los ciudadanos y al secreto estadístico.
El CIS tiene su origen en el Instituto de Opinión Pública -creado en el año 1963-, que dependía inicialmente del Ministerio de Información y Turismo y que tomaba como modelo el Instituto de la Opinión Pública francés (hoy ya inexistente). Más adelante paso a depender del Ministerio de la Presidencia y a adquirir su actual denominación. Se fue transformado así un Instituto de Opinión Pública, creado en el marco y al servicio de un régimen dictatorial (en una época en la que no se contaba con empresas de demoscopia de la variedad y capacidad de las actuales), en un organismo público de estudios y encuestas de la opinión ciudadana al servicio de una democracia parlamentaria.
Se fueron aprobando normas que pretendieron asegurar el cumplimiento de los principios antes citados de neutralidad y objetividad, para intentar garantizar su independencia y conseguir que dejara de ser un instrumento al servicio del gobierno de turno y pasara a estar al servicio de todos los poderes públicos, desde las Cortes Generales hasta el poder judicial.
Sin embargo, todo intento de garantizar esa independencia ha sido vano. Cuando los gobiernos quieren o necesitan usarlo lo han hecho a su favor Se pueden citar varios ejemplos recientes. El nombramiento ilegal de su actual presidenta, cuyo último y principal trabajo había sido el de asesora de la Presidencia del Gobierno y que carecía de los requisitos exigidos por la Ley para ser nombrada, lo que obligó a que el Consejo de Ministros la tuviera que cesar para, tras eximir al cargo de la necesidad de que fuera ocupado por un funcionario público, volver nuevamente a nombrarla (previa denuncia en el Congreso de UPyD). La omisión y falta de toma en consideración de la valoración de varios líderes parlamentarios en las primeras encuestas políticas de esta legislatura, que sólo se corrigió cuando se denunció públicamente. Y la alteración de la encuesta previa a las elecciones europeas en la que se ofreció una estimación de participación que no era creíble y que servía para que la encuesta política, a pocos días del inicio de la campaña electoral, diera unos resultados que con una estimación de participación menor no hubieran sido posibles. Evidenciando una clara muestra de falta de imparcialidad y rigor en la estimación y valoración de las previsiones y datos.
La anomalía que representa el CIS en relación con otros países europeos exige que nos plateemos si merece la pena mantenerlo. Si no cumple con sus funciones y sigue siendo un instrumento al servicio del gobierno, parece que lo más conveniente, sobre todo en una época de déficit público, sea suprimirlo. Al fin y al cabo, en este país existen modernas empresas de sondeos que hacen muy bien ese trabajo. Y, sin duda, la labor de investigación de la sociedad española se puede hacer desde otras instituciones públicas más académicas e independientes que estén al servicio de todos con parte del personal muy cualificado que ahora tiene el CIS. Así que se puede concluir tranquilamente que el actual CIS no es un instrumento necesario para la democracia en España, sino más bien un inconveniente.
El CIS tiene su origen en el Instituto de Opinión Pública -creado en el año 1963-, que dependía inicialmente del Ministerio de Información y Turismo y que tomaba como modelo el Instituto de la Opinión Pública francés (hoy ya inexistente). Más adelante paso a depender del Ministerio de la Presidencia y a adquirir su actual denominación. Se fue transformado así un Instituto de Opinión Pública, creado en el marco y al servicio de un régimen dictatorial (en una época en la que no se contaba con empresas de demoscopia de la variedad y capacidad de las actuales), en un organismo público de estudios y encuestas de la opinión ciudadana al servicio de una democracia parlamentaria.
Se fueron aprobando normas que pretendieron asegurar el cumplimiento de los principios antes citados de neutralidad y objetividad, para intentar garantizar su independencia y conseguir que dejara de ser un instrumento al servicio del gobierno de turno y pasara a estar al servicio de todos los poderes públicos, desde las Cortes Generales hasta el poder judicial.
Sin embargo, todo intento de garantizar esa independencia ha sido vano. Cuando los gobiernos quieren o necesitan usarlo lo han hecho a su favor Se pueden citar varios ejemplos recientes. El nombramiento ilegal de su actual presidenta, cuyo último y principal trabajo había sido el de asesora de la Presidencia del Gobierno y que carecía de los requisitos exigidos por la Ley para ser nombrada, lo que obligó a que el Consejo de Ministros la tuviera que cesar para, tras eximir al cargo de la necesidad de que fuera ocupado por un funcionario público, volver nuevamente a nombrarla (previa denuncia en el Congreso de UPyD). La omisión y falta de toma en consideración de la valoración de varios líderes parlamentarios en las primeras encuestas políticas de esta legislatura, que sólo se corrigió cuando se denunció públicamente. Y la alteración de la encuesta previa a las elecciones europeas en la que se ofreció una estimación de participación que no era creíble y que servía para que la encuesta política, a pocos días del inicio de la campaña electoral, diera unos resultados que con una estimación de participación menor no hubieran sido posibles. Evidenciando una clara muestra de falta de imparcialidad y rigor en la estimación y valoración de las previsiones y datos.
La anomalía que representa el CIS en relación con otros países europeos exige que nos plateemos si merece la pena mantenerlo. Si no cumple con sus funciones y sigue siendo un instrumento al servicio del gobierno, parece que lo más conveniente, sobre todo en una época de déficit público, sea suprimirlo. Al fin y al cabo, en este país existen modernas empresas de sondeos que hacen muy bien ese trabajo. Y, sin duda, la labor de investigación de la sociedad española se puede hacer desde otras instituciones públicas más académicas e independientes que estén al servicio de todos con parte del personal muy cualificado que ahora tiene el CIS. Así que se puede concluir tranquilamente que el actual CIS no es un instrumento necesario para la democracia en España, sino más bien un inconveniente.
miércoles 15 de julio de 2009
La cerca de Felipe IV
En la calle Serrano de Madrid, mientras la levantan a mayor gloria del plan E y para sufrimiento de cuantos, por trabajo u otros motivos, tenemos que recorrerla de forma habitual, se ha encontrado una parte de los restos de la cerca de Felipe IV. Esta cerca circundaba antaño el Madrid de los Austrias. Y aún queda de ella, en excelente estado de conservación, un fragmento situado en uno de los enclaves cruciales de la historia de la ciudad, entre el Palacio Real y el templo de San Francisco el Grande.
Ahora en peligro de destrucción, por la aprobación por el Ayuntamiento de Madrid, con el dictamen favorable de esa Comunidad, de una "modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid". Que permitirá a la iglesia la construcción de un “minivaticano” en uno de los paisajes más significativos y presentes en la memoria de la ciudad.
Una obra que de hacerse afectará a los jardines del Seminario Conciliar y del Parque de la Cornisa, que han sido descatalogados sin motivación por ese acuerdo, y que destruirá los más importantes lienzos de la Real Cerca de Felipe IV (monumento declarado bien de interés cultural) y de todo el conjunto de tapias antiguas de los siglos XVIII y XIX. Lo que supondrá la pérdida irreparable de elementos de altísimo valor histórico, paisajístico y urbanístico, cuya silueta, prolongando la del Palacio Real y la Catedral de la Almudena, es en la actualidad una de las pocas señas de identidad que unen la ciudad antigua con la urbe del siglo XXI.
Así, mientras en la calle Serrano nos aferramos a conservar las piedras que servían de base al tramo de cerca que pasaba por esa zona, el Ayuntamiento con la aquiescencia de la Comunidad no tiene empacho en mandar a la ruina la única parte de la cerca que queda en pie. Quizás con el propósito de que décadas después otras obras de remodelación de esta misma ciudad, que se pretende nueva siempre y ante todo ajena a su historia, saquen a la luz las pocas piedras que se conserven tras ahora consumarse su derribo.
Esta cínica actitud demuestra de nuevo que en Madrid, por no decir en España, se anteponen los intereses económicos y de los grupos de presión sobre otros: los de los ciudadanos, los de la conservación del paisaje y la belleza de nuestras ciudades. Atropello que sucede con la aquiescencia de municipios y comunidades, más interesadas en el beneficio que les puede suponer a corto plazo una recalificación urbanística que en el ejercicio de sus competencias al servicio del interés público.
Claro que todavía se puede pensar que el Estado, en el ejercicio de sus competencias -el artículo 149.1 28ª de la Constitución dice que tiene la competencia exclusiva sobre “la defensa del patrimonio cultural, artístico y monumental español contra la exportación y la expoliación (….)”-, evitará que se expolien esos bienes de interés cultural y que se consume la destrucción de una de las zonas más hermosas de Madrid.
Pero, permitidme que sea escéptico, porque quién puede esperar rigor, en la aplicación de las normas de protección de bienes culturales que exigen el control de los actos de las comunidades autónomas, de un Estado que a diario demuestra que ha renunciado al ejercicio de sus competencias más exclusivas a favor de esas comunidades con el único objeto de que quién esté en el gobierno se mantenga. Mucho me temo que contaremos el final de la cerca. Pero entre tanto actuemos. Qué por nosotros no sea.
Ahora en peligro de destrucción, por la aprobación por el Ayuntamiento de Madrid, con el dictamen favorable de esa Comunidad, de una "modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid". Que permitirá a la iglesia la construcción de un “minivaticano” en uno de los paisajes más significativos y presentes en la memoria de la ciudad.
Una obra que de hacerse afectará a los jardines del Seminario Conciliar y del Parque de la Cornisa, que han sido descatalogados sin motivación por ese acuerdo, y que destruirá los más importantes lienzos de la Real Cerca de Felipe IV (monumento declarado bien de interés cultural) y de todo el conjunto de tapias antiguas de los siglos XVIII y XIX. Lo que supondrá la pérdida irreparable de elementos de altísimo valor histórico, paisajístico y urbanístico, cuya silueta, prolongando la del Palacio Real y la Catedral de la Almudena, es en la actualidad una de las pocas señas de identidad que unen la ciudad antigua con la urbe del siglo XXI.
Así, mientras en la calle Serrano nos aferramos a conservar las piedras que servían de base al tramo de cerca que pasaba por esa zona, el Ayuntamiento con la aquiescencia de la Comunidad no tiene empacho en mandar a la ruina la única parte de la cerca que queda en pie. Quizás con el propósito de que décadas después otras obras de remodelación de esta misma ciudad, que se pretende nueva siempre y ante todo ajena a su historia, saquen a la luz las pocas piedras que se conserven tras ahora consumarse su derribo.
Esta cínica actitud demuestra de nuevo que en Madrid, por no decir en España, se anteponen los intereses económicos y de los grupos de presión sobre otros: los de los ciudadanos, los de la conservación del paisaje y la belleza de nuestras ciudades. Atropello que sucede con la aquiescencia de municipios y comunidades, más interesadas en el beneficio que les puede suponer a corto plazo una recalificación urbanística que en el ejercicio de sus competencias al servicio del interés público.
Claro que todavía se puede pensar que el Estado, en el ejercicio de sus competencias -el artículo 149.1 28ª de la Constitución dice que tiene la competencia exclusiva sobre “la defensa del patrimonio cultural, artístico y monumental español contra la exportación y la expoliación (….)”-, evitará que se expolien esos bienes de interés cultural y que se consume la destrucción de una de las zonas más hermosas de Madrid.
Pero, permitidme que sea escéptico, porque quién puede esperar rigor, en la aplicación de las normas de protección de bienes culturales que exigen el control de los actos de las comunidades autónomas, de un Estado que a diario demuestra que ha renunciado al ejercicio de sus competencias más exclusivas a favor de esas comunidades con el único objeto de que quién esté en el gobierno se mantenga. Mucho me temo que contaremos el final de la cerca. Pero entre tanto actuemos. Qué por nosotros no sea.
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