Los macguffin de Esperanza Aguirre

Esta semana, que ya se termina, en la Comunidad de Madrid, se ha celebrado el debate del estado de la comunidad. Un debate que se anunciaba muy animado, vistos los acontecimientos de este último curso: la crisis económica que ha golpeado fuerte a toda España y también a Madrid, los casos de corrupción del gobierno autonómico, los malos resultados de la educación, etc. Pero que, sin embargo, Aguirre ha conseguido que no lo fuera ya que una meliflua oposición no ha podido hacerle mella, al ser incapaz de centrar el debate en el enjuicimiento de sus actos de gobierno del último año.

Empezando por el gasto público corriente de la administración autonómica que, según ella, se ha recortado con la eliminación de consejerías, la reducción de salarios y la disminución de altos cargos. Es cierto que se han quitado consejerías y algún alto cargo coincidiendo con sus problemas de gobierno y que quizás la anunciada reducción de sus salarios haya sido efectiva. Sin embargo, también es cierto que la comunidad está atestada de asesores y colaboradores muy caros cuyos méritos son su proximidad al partido que dirige esta autonomía y que hay un enorme derroche de gasto en las decenas de organismos y empresas paralelas a la administración autonómica, que la mayoría de las veces duplican funciones del organigrama oficial, pero que son muy útiles para colocar a esos meritorios y en algunos casos para hacer gastos que no se consolidan en el presupuesto oficial. Un presupuesto que no se olvide tiene que afrontar una deuda acumulada de 12.000 millones de euros, que exigirán algo más que simples arreglos.

Continuando por su anuncio estrella: el próximo envío a la Cámara regional de un proyecto de Ley para reconocer la condición de autoridad pública al profesor. Laudable medida, sin duda, si permite que el debate público nos lleve a una regulación efectiva de esa condición para todos los profesores cualquiera que sea el centro donde enseñen –como hace la propuesta de UPyD presentada en el Congreso en mayo de 2008-, ya que entonces todos los profesores de España, también los profesores de los centros concertados y privados, estarán amparados en el ejercicio de su función pública docente y no sólo los de los centros públicos de Madrid, como resulta de lo comunicado por la presidenta. Claro que, junto a esta nueva, se ha echado en falta que explicará por qué el abandono temprano escolar es mayor en Madrid que la media nacional y por qué los resultados de las pruebas de control de los niveles de los alumnos son tan desastrosos en general y evidentemente qué medidas se piensan tomar para solucionar estos graves problemas.

Siguiendo con otra de las medidas: la modificación de la Ley del suelo, para dar mayor transparencia a los procedimientos de recalificación y urbanización de los terrenos, no se puede dejar de decir que es una medida que no afronta el problema directamente: la reforma del modelo de urbanismo de la comunidad y la necesidad de que el órgano administrativo que tome esas decisiones no lo integren los vecinos de los afectados, para evitar presiones. Y que es corta ya que lo más necesario es extender la transparencia a la contratación administrativa, para evitar que, por ejemplo, se fraccionen contratos para poder adjudicarlos a dedo a los amigos de turno.

Estas propuestas han conseguido su objetivo: que pareciera que había medidas contra la crisis, para mejorar la educación y para afrontar la escandalosa corrupción, al tiempo que se presenta como oposición al gobierno de la nación. Pero en el fondo son inconsistentes anuncios que no van al fondo de los problemas que pretenden resolver, como se ha explicado. Son como macguffis que nos han distraído de la trama principal. La que permitirá a Aguirre seguir diciendo que su gestión es liberal mientras trabaja para controlar Caja Madrid y abandona las necesarias reformas que exigen retos tan importantes como la implantación de una autentica formación para los desempleados (una competencia autonómica que puede ayudar a salir de la crisis y de la que no se ha dicho una palabra), la mejora radical de la educación, de la eficiencia del sistema sanitario, la realización de las reformas institucionales necesarias para impedir la corrupción y una reducción del gasto mediante la eliminación de una seudoadministración paralela muy cara y atesta de duplicidades. Y es que lo que necesitamos es menos ideología, menos propaganda y más hechos.